Unión Europea

El 1 de enero de 1986 España ingresó como miembro de pleno derecho en la Unión Europea. Al año siguiente, todos los países miembros suscribieron el Acta Única Europea que significó un claro impulso a la creación de un mercado interior único y, asimismo, una ampliación de las competencias del órgano supranacional. El aludido proceso de integración avanzó considerablemente tras la firma del Tratado de la Unión Europea (Maastricht, 1992) lo que implicó un avance en la integración económica y política. Así, el tratado supuso la asunción de las diversas fases de la Unión Monetaria y la creación del Banco Central Europeo. El Gobierno de España se fija desde entonces como objetivo primordial de su política económica cumplir dichos requisitos para formar parte del grupo de países que integren, desde el primer momento, la unión económica y monetaria. Conseguido el marco de estabilidad económica requerida, el 1 de enero de 1999, España adopta la moneda común europea, junto con otros once Estados miembros de la UE. El 1 de mayo de 1999 entró en vigor el Tratado de Amsterdam, que supone un nuevo avance en la construcción europea, reforzando las políticas comunitarias marcadas ya en el Tratado de la Unión, en especial mediante el establecimiento de una política de empleo y la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Asimismo, los países miembros de la Unión Europea ratificaron en diciembre de 2000 el Tratado de Niza que implica un paso más para la ampliación de la Unión Europea hacia los países del centro y del Este de Europa. Este tratado persigue la adaptación de la Unión, sus instituciones y sus mecanismos de decisión a una Europa ampliada hasta un total de 27 estados miembros. En virtud de este tratado, España mantiene o incrementa su peso específico en función de su población y de su peso económico en la UE. Sin embargo, el paso más decisivo adoptado por la Unión Europea fue la implantación del euro como moneda única, que desde el 1 de enero de 2002 ha entrado en circulación en la mayoría de sus países miembros. España ha presidido la Unión Europea desde su incorporación en cuatro ocasiones: en el primer semestre de 1989, en el segundo semestre de 1995, el primer semestre de 2002 y el primer semestre de 2010. En estos períodos las decisiones más importantes fueron la aprobación del “Informe Delors” que fue el paso previo al Tratado de la Unión Europea o de Maastricht de 1992 (durante la primera presidencia), mientras que en la segunda presidencia española coincidió con la decisión de designar a la moneda europea como euro. En el año 2002 los retos principales desde la presidencia de la Unión Europea fueron la lucha contra el terrorismo, la continuación de las reformas económicas y sociales, así como el cumplimiento del calendario de la ampliación. Por último, durante la presidencia de 2010 se impulsó la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos, la puesta en marcha del nuevo plan de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y la decisión política de impulsar la orden de protección europea.  Las iniciativas de la UE en las que España ha manifestado un particular protagonismo y ha desplegado una especial actividad, son la implantación y consolidación de la idea de La Europa de los Ciudadanos y su desarrollo con medidas concretas (concepto de 'ciudadanía europea' pasaporte europeo, etc.); la postulación de la Europa social, paralelamente a la idea de la Europa económica y monetaria: defensa y aplicación de la cohesión económica y social de la Unión Europea y de la creación de empleo, como motor de esa cohesión; el énfasis en el desarrollo de la política europea común en los asuntos de Justicia e Interior, en particular para la lucha contra la delincuencia internacional organizada, contra el narcotráfico y el terrorismo. Se trata de establecer progresivamente un "espacio de libertad, de seguridad y de justicia" común; el proceso de desarrollo e institucionalización de las relaciones entre la UE y América Latina, cuyo máximo exponente ha sido la cumbre euro-iberoamericana de Río de Janeiro, en 1999; y, finalmente, la estabilidad política en la cuenca mediterránea (intensificación de los lazos de cooperación con los países mediterráneos del norte de África, labor de mediación activa en el proceso de paz de Oriente Próximo, celebración de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo, en Barcelona). En su esfuerzo por potenciar la colaboración y el desarrollo de las relaciones internacionales en la cuenca mediterránea, España juega un papel fundamental en el funcionamiento de la Unión para el Mediterráneo (UPM), de la que la ciudad de Barcelona es la sede.